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13 enero 2015 2 13 /01 /enero /2015 23:27

Tenerife 2012 201 (2)Si fuéramos holandeses nos ahogaríamos, o bien no nos podrían engañar como lo han hecho con la supuesta falta de competitividad de la energía eólica, de los molinos para entendernos en el idioma de la calle, esos molinos del Quijote y de holandeses y belgas, que permitieron la existencia de los Países Bajos antes de la revolución industrial, no moliendo el trigo como los castellanos, si no drenando sus campos del agua del Mar del Norte e impidiendo que se inundaran lo que da una idea exacta de su competencia y efectividad.


Por otro lado las compañías de producción eléctrica han sido beneficiadas históricamente con una legislación que les ha permitido la explotación de centrales hidroeléctricas en infraestructuras públicas hasta la financiación de huertos solares y parques eólicos, pasando por las nucleares, con subvenciones que no tuvieran que amortizar la totalidad de sus instalaciones, todo ello con el objetivo de obtener una energía barata y competitiva. Con la obligatoriedad de que otras compañías o entidades de producción de energía les vendieran su producción en unas condiciones muy ventajosas para el conjunto de este entramado empresarial, pero nefasta y carente de rigor técnico, histórico y económico para los ciudadanos que han sido presuntamente engañados por algunos de sus representantes  políticos que a día de hoy les ha generado  una deuda igual o mayor que el rescate bancario que acabamos de padecer, pero sin ninguna esperanza de restitución pues se trata, insisto, de una deuda en la que nada hemos opinado, pero a la que estamos invitados como meros espectadores.


En cuanto a los costos de distribución de la energía eléctrica existen dos conceptos, una red nacional por la que las compañías pagan un peaje al gobierno por transporte de la energía de Alta tensión entre regiones y ciudades. Y las redes de transporte que en las ciudades son pagadas en su totalidad, incluido transformadores, por los compradores de inmuebles, en la mayoría de los casos sin su conocimiento, al ser los promotores de viviendas los obligados a realizar  por ley estas infraestructuras que se incrementan en el precio de la vivienda. Esta red de distribución se cede a la compañía que proceda, a cambio del mantenimiento de la infraestructura y de su necesaria renovación y por la que pueden llegar a cobrar peaje a otras compañías de distribución eléctrica, sobre unas redes de distribución locales en la que no han invertido un euro.


Que no se han hecho cargo del mantenimiento ni de la renovación de esas redes locales, es un hecho, todos podemos recordar las averías eléctricas de Puente de Vallecas en Madrid y la del Ensanche de Barcelona en las que se puso en evidencia la falta de mantenimiento e inversión en estas redes urbanas, estando implicadas en estos incidentes, las dos únicas compañías que se reparten en España el mercado de la generación de energía que son Iberdrola y Endesa, siendo los incidentes especialmente graves en Barcelona.


Coincidiendo en el tiempo de estos incidentes, se aumentó el cálculo mínimo de consumo de una vivienda hasta los  12.900 W desde los 4.400W y disminuir hasta los 100.000 W la obligatoriedad de que fuera la compañía suministradora la obligada a tener un acometida eléctrica en el edificio,  dando como resultado que un edificio de más de 8 viviendas tenía que realizar a su costa su propia acometida y esto sin contar que tuviera locales comerciales a los que se les aplicó un cálculo de consumo de 100W. m2, con el claro objetivo de dotarse de una infraestructura sobredimensionada para la cubrir la demanda existente con cargo a los consumidores, con un claro objetivo de paliar su incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y gestión de las redes urbanas que explotan como propietarios sin serlo y no cumplir con las obligaciones del derecho de usufructo que la ley les concede.


El aumento de consumo no se mantenía ni se mantiene técnicamente, en un momento además que la desindustrialización hace bajar el consumo y generar la industria unos aparatos y electrodomésticos más eficientes energéticamente y la Normativa de la Construcción, es y era tendente a un ahorro considerable del consumo mediante técnicas de aislamiento en cubiertas, fachadas y acristalamiento, que tanto arquitectos como promotores cumplen escrupulosamente por mediación de unas empresas de control de calidad y unas sociedades de ingeniería que certifican la estanqueidad del edificio, requisitos indispensables para conseguir el certificado de primera ocupación y con el este certificado poder contratar entre otros los servicios eléctricos, por lo que las compañías eléctricas conocen o deberían conocer de esta legislación sobre ahorro energético de las que ellas mismas hacen campaña y porque cuentan  entre sus responsables con personal que anteriormente han formado parte del aparato del estado que supuestamente debería haber controlado que las obligaciones  de gestor de las redes se cumplen y que las necesidades de cambio de normativa obedecen a una necesidad técnicamente demostrable bajo la lógica procesal que en este caso no se encuentra justificada.


Con el agravante de que la Normativa Eléctrica se produce  bajo Reglamentos de Normativa Técnica, emitidos por resoluciones ministeriales que escapan al control legislativo  del Congreso y de las Autonomías, siendo difícilmente defendible en vista de que se consigue, la renovación a costo cero, de las redes locales mediante un aumento injustificado de cálculo de energía, sobredimensionando por cuatro la necesidad real de las nuevas redes, como lo demuestra una demanda a la baja y que con las medias adoptadas, técnicas y políticas, va a seguir bajando. Esto no es posible sin la complicidad de funcionarios y políticos que supuestamente no han llevado a cabo un control ético, estrictamente público y legitimo de que la Norma, que evidencia por el aumento injustificado de la demanda en el consumo de las familias, que no se ha redactado para cubrir las necesidades reales del mercado, si no para el beneficio de estas compañías,  primando el que estos actores hayan contado con que ya estaban o podían acabar estando con despachos o cargos en estas compañías en mejores condiciones económicas.


Todos conocemos el caso de Elena Salgado que desde España paso a la filial de Endesa en Chile a los tres meses de abandonar su cargo, todo con el permiso gestionado por Soraya Sáenz de Santamaria y aprobado por el Partido Popular a una personalidad de perfil exclusivamente  político sin ninguna vinculación  con Chile pero si con la compañía a la que legislación favorece  con cuantiosas ayudas públicas de toda índole y que se niega a que se le haga una auditoria al igual que su hermana Iberdrola, cuestiones estas últimas que una mayoría desconoce  y que impiden el control de las inversiones reales de las compañías eléctricas y sus entramados societarios que pueden distorsionar los costos, sobre todo en los relativo a las energías renovables  y poder saber el destino final de las ayudas y subvenciones al sector.  No sería la primera vez, ni tampoco la ultima, que se engordan costos y se disminuyen beneficios mediante sociedades interpuestas.


He querido hacer un esquema básico sobre los principios económicos y políticos de la producción y distribución de energía eléctrica y la falta de control efectivo de las obligaciones de las compañías por el estado, con un ejemplo, la falta de mantenimiento de las redes locales de energía eléctrica y en un momento en que los ayuntamientos necesitan de ingresos, propongo que el usufructo de esas redes  pasen a ser gestionadas por los ayuntamientos con el consiguiente  beneficio de ingresos públicos, en las mismas condiciones de facturación aprobadas a nivel estatal, sin posibilidad de aplicar gravamen alguno desde el municipio, garantizando  la igualdad de todos los españoles y de las compañías distribuidoras en el acceso a  este servicio.


Hay otras dos cuestiones mucho más preocupante sobre el sector  eléctrico.


Los costes y una deuda ciudadana que las subvenciones al sector han sido incapaces de parar, con una incontrolada escalada del precio de la energía eléctrica. El recibo de la luz subió en España un 70% en el quinquenio (2006-2011) con una pérdida de competitividad en este periodo respecto a la zona euro que incremento estos precios en un 13 % , inferior en casi cinco veces al nuestro, con el correspondiente perjuicio  para los ciudadanos y de competitividad para nuestras empresas, este incremento de precios pudiera tener su razón si se hubiera utilizado para realizar inversiones a nivel de España y no planetario, como sospecho  se ha realizado,  aun así, estaríamos ante un escenario  demoledor, la incapacidad de gestionar adecuadamente  en un mercado libre la producción de energía, ya que  los sueldos de los trabajadores en España, por ser manifiestamente inferiores y ocupar el vagón de cola junto con Grecia y Portugal, dan un gran margen para que los precios sean de los más competitivos de la zona euro, con el uso de una moneda que al ser única nos coloca en igualdad de precio en la compra de materias primas.


A estos precios inadmisibles en el más elemental sentido de la lógica de los costos por salarios y moneda, hay que sumar que España es caso único en el mundo, que tiene una legislación que permite mediante el llamado déficit tarifario, que, ya en 2012, según la Agencia Eurostat mantenía una deuda de  30.000.000.000 de Euros con un incremento de cinco mil millones anuales calculados con las tarifas de 2012 y sin las altas subidas de estos dos años.


Este déficit se aplica para las energías renovables y consiste, en términos generales, en aplicar a la potencia eólica y solar, un incremento de trescientos por cien en el precio de la tarifa que pagan los consumidores.

Este dato se dio a conocer en la campaña electoral del 2008 por parte de Manuel Pizarro, número dos del  Partido Popular en esas elecciones, llegando a afirmar que la generación de energía hidráulica suponía un coste de seis euros megavatio, (precio muy competitivo) frente a los 360 Euros megavatio de la energía solar. Este costo, declarado por el entonces reciente ex presidente de Endesa, ponía en evidencia el engaño del mal llamado “déficit tarifario” y que a título personal propongo sea llamado “espolio comunitario” de unas compañías que  no quieren renovarse con nuevas tecnologías atentando contra el medio ambiente, manteniendo instalaciones obsoletas y mega amortizadas, por un pecado capital, la codicia.


Los generadores eléctricos de agua y eólicos funcionan con el mismo principio, siendo los eólicos más eficientes al generar energía con menos revoluciones, teniendo además los hidráulicos un coste añadido, que los eólicos no tienen,  y es que por culpa de las sequias, el agua que mueve las turbinas de las presas debe ser bombeada, en estos periodos, al pantano que las alimenta.  No hay por lo tanto ninguna justificación para que se tenga que gravar con un canon del triple del precio del KW., la producción de la energía eólica.


Hay otra sustancial diferencia, el posible tamaño del generador, que en el caso de las hidráulicas es más grande, pero todos sabemos que un Yumbo no vale lo mismo que una avioneta, y que los trabajos de reparación o mantenimiento dejan  a mas pasajeros en tierra y sin servicio con el Yumbo que con la avioneta.


Ha sido la fuerza del viento, según se indicaba  al principio de este documento, la que ha permitido a holandeses y belgas tener a salvo de las aguas del mar del Norte  buena parte de sus respectivos países. Por lo que, si los molinos con su fuerza eólica, han sido capaces de mantener y aumentar el territorio de estos países es evidente que el principio de que no son eficientes es falso, no se mantiene que frente a fuentes de energía inagotables con un coste cero, se nos intente hacer ver que es más barata la energía conseguida con unos productos de precios variables, que necesitan de unas infraestructuras de transporte y en algunos casos de complejas transformaciones, así como de un costoso desmontaje  de las centrales nucleares acabada su vida útil y los costes de seguridad de la custodia y el mantenimiento  de los residuos nucleares durante 300 años. Esto en mi opinión es un insulto a la inteligencia.

  

A todo lo dicho hasta ahora hay que añadir, que la mayoría de la Legislación se nutre de Reglamentos que escapan el control de los legisladores puesto que se generan en Ministerios dentro de sus atribuciones y con personal que como ya indicamos anteriormente, acaba o puede acabar con un cargo o en un despacho de la compañía que supuestamente debe controlar, como consecuencia, Iberdrola tiene su propio Reglamento sin ningún control estatal en un claro alarde de su poder en la sombra y de su impunidad.


Lo que se deduce de una forma coloquial y fácilmente asimilable es que los españoles llevamos gastados miles de millones de euros en tener unas fuentes de energías baratas como son el viento y el sol, que los medios de producción de estas energías renovables, así como las redes urbanas están controlado por dos empresas privadas, sin que esté claro que han aportado al proyecto y que encima han conseguido que los españoles les debamos lo que sus empresas por inversión no valen, pues su valor se basa en los consumidores cautivos que tienen. Esto lo han conseguido por una supuesta corrupción y un mal gobierno y se puede y se debe cambiar con otro gobierno que cambie la Ley y le haga una auditoria para saber si realmente les debemos o nos deben.


En cuanto a la energía solar, opino que la concentración de placas en huertos solares  ha sido una equivocación estratégica, las placas deberían estar cerca del punto de consumo y para necesidades de las familias, la energía precisa de energía para su transporte y estas pérdidas están marcadas por la distancia y por la transformación del voltaje de esa energía, por lo que prefiero dejar este apartado para otro momento ya que el motivo de este articulo no es plantear cambios, que son necesarios,  si no poner en valor la realidad de nuestro potencial energético eólico.


La solución pasa por permitir la fragmentación del mercado, no permitir que una producción basada en un recurso inagotable y gratis se cargue con un incremento de su precio ficticio en su producción, mediante Leyes y Normativas supuestamente injustas que pueden hacer LEGALES pero ILEGITIMAS las Normas al ser motivadas por principios engañosos y de carecer de los principios éticos a los que nuestra Constitución obliga.


Este déficit tarifario pudiera estar creado artificialmente para generar negocio donde solo hay una posible quiebra. Tenemos un ejemplo muy reciente del hacer de nuestros poderosos, que falseando datos sacaron a Bolsa una sociedad en quiebra  llamada BANKIA que nos costó a los contribuyentes lo mismo que nos costara la supuesta deuda tarifaria de las eléctricas, con otro nuevo episodio del espolio de las arcas públicas.


12 de Enero de 2015

 

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Published by Candido Villalazan Congreso
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